*Fue avalado en lo general con 13 votos a favor y 4 en contra

*Se aprobaron dos reservas propuestas por las diputadas Rocío López e Iraís Vásquez

En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó en lo general con 13 votos a favor y 4 en contra, el dictamen 95 de la Comisión de Hacienda, mediante el cual se modifican los artículos segundo, sexto y vigésimo tercero del Decreto 57 (publicado en el POE el 30 de diciembre de 2016), con el objetivo de fortalecer y precisar los proyectos de construcción de dos plantas desalinizadoras, una en Playas de Rosarito y otra en San Quintín, además de la realización de tubería troncal en Mexicali.

Entre los aspectos relevantes mencionados con la aprobación del referido dictamen, se subraya que se fortalecen financieramente los proyectos descritos; se cuidan las finanzas estatales al establecer la bancalidad de los créditos en cuenta corriente, irrevocable y contingente, al autorizar la participación conjunta de los entes contratantes con el Gobierno del Estado para garantizar el pago de las correspondientes obligaciones contraídas.

Asimismo, se subraya que son proyectos de infraestructura de gran alcance, cuya realización por el Estado únicamente no serían posible, destacando el mecanismo de APP para su inmediatez, además de que se está siendo responsable a la luz de la nueva normatividad de disciplina financiera.

En cuanto al impacto social que tendrán dichos proyectos, se destaca que con la construcción de la desalinizadora de San Quintín, mediante la cual se producirán 8 millones de metros cúbicos anuales de agua potable, se beneficiará a alrededor de 98 mil habitantes de San Quintín, incluyendo a las delegaciones de Camalú y Vicente Guerrero.

En el caso de la desalinizadora de Rosarito, que producirá 131.2 millones de metros cúbicos anuales, se beneficiarían a 2 millones 233 mil 278 habitantes, lo que representa a la población de Playas de Rosarito y del municipio de Tijuana.

Se argumentó que con estas desalinizadoras se habrá de contar con abastecimiento de agua, lo cual representará un empuje para el desarrollo de las poblaciones, al  permitir que las actividades económicas se diversifiquen hacia los sectores secundarios y terciarios, y que pasen a niveles socioeconómicos más altos.

Además, se permitiría la disminución en la explotación de acuíferos, y generar un impacto positivo en la salud de la población, sobre todo en la zona de San Quintín, al mejorar las condiciones de higiene y saneamiento.

Por último, con la obra de infraestructura pluvial en Mexicali se proporcionarán beneficios de impacto a la sociedad, ayudando en el desarrollo de más de 87 mil habitantes directos e indirectos en cuanto desarrollo económico, industrial, de vivienda y de infraestructura urbana. Asimismo, incrementará la certidumbre de los habitantes al tener tranquilidad en época de lluvias y, en consecuencia, se verá aumentada la plusvalía de su vivienda.

Durante la sesión también fueron aprobadas dos reservas presentadas, por separado, de las diputadas Iraís Vázquez Aguiar y Rocío López Gorosave. La propuesta de la primera consiste en eliminar la fecha de inicio del pago de las contraprestaciones, a fin de generar mayor certidumbre a la ciudadanía, en virtud de que estos pagos, acorde a lo previsto en los contratos de las APP, se efectuarán hasta en tanto se concluyan las obras respectivas e inicien operaciones.

Mediante la reserva de la legisladora López Gorosave, queda establecida la prohibición expresa de que no se venderá al extranjero el agua proveniente de las desalinizadoras; además, se inscribirá la obligación de apegarse al principio de máxima publicidad, con lo cual se garantiza en todo momento la transparencia en el manejo de los recursos y acceso a la información.