*Son proyectos que endeudan al estado por mas de 80 mil millones de pesos, dijo

Como representante del pueblo y diputada por el Partido del Trabajo, voy a luchar para echar abajo, la ilegal aprobación del Dictamen 95 que pretende entregar la operación y venta de agua de las desalinizadoras de Rosarito y San Quintín, a empresas privadas mediante Asociaciones Público Privadas totalmente opacas y con cláusulas de contratación leoninas y lesivas para el dinero e interés público.

Este Dictamen, implica que se generara un endeudamiento público de más de 80 mil millones de pesos, lo que representa estar pagando más de 149 millones de pesos al mes, durante más de treinta años, a través de aumentar el precio del agua.

Esto demuestra que la mayoría de los diputados panistas, con la honrosa excepción del diputado Miguel Osuna Millan, se han sometido al interés del gobernador y de sus socios contratistas, que se quieren enriquecer a costa de la economía de las familias bajacalifornianas.

El PAN y su aliada del PRD se confabularon, y de forma perversa, planearon convocar a las 8 de la mañana a una sesión extraordinaria que iniciaría a las 8 con 45 minutos del mismo día.

Y esto lo hicieron con toda premeditación, a escondidas y al amparo de la noche, ya que unas horas antes al concluir la sesión a las dos de la mañana, se convocó para el día 7 de diciembre.

De tal forma que solo se darían cuenta de esta convocatoria los diputados del PAN y su satélite perredista para sacar adelante una sesión totalmente arbitraria y con evidentes ilegalidades a la constitución y la ley orgánica del Congreso del Estado.

Afortunadamente nos dimos cuenta de dicha convocatoria distintos diputados de los partidos del PRI, del PBC y PT, logrando hacer acto de presencia, para exhibirlos en dicha sesión como legisladores que abusan de su mayoría y que

están pasando por encima no solo de la ética política, sino que están pasando por encima de la constitución de Baja California, de la ley orgánica del congreso e incluso sin cumplir lo que establecen las leyes estatal y federal en materia de asociaciones público privadas.

Es por tal razón, que con apoyo mis asesores y del equipo jurídico del Partido del Trabajo pretendemos interponer una acción de inconstitucionalidad, y buscaremos que sea en coordinación con diputados del PES, PBC, PRI Y MORENA, por existir vicios en el procedimiento legislativo en la convocatoria, dispensas de trámites y otras irregularidades y violaciones legales a ordenamientos jurídicos, inherentes al objetivo del dictamen 95 de la Comisión de Hacienda.

Los panistas ya olvidaron que los legisladores, somos antes que nada representantes del pueblo y que nuestro mandato emana de la voluntad ciudadana y que por tal razón antes que en intereses económicos de grupos o personas debemos velar por los derechos e interés del pueblo.

Pero esa mayoría legislativa del Grupo Parlamentario del PAN, con 12 de sus Diputados y la diputada perredista, no cuentan con el respaldo de la mayoría del pueblo y con ese respaldo popular los vamos a vencer y a obligar a que respeten la constitución, las leyes y el interés de a gente.